Considerando, por un lado, que todo individuo tiene el derecho a desarrollar su potencial neurocognitivo, dentro de un marco regulatorio que garanticen su bienestar y la protección de sus neuroderechos, y por el otro, normar la conducta ética y operativa por parte de los actores que provean estrategias, protocolos y servicios enfocados a facilitar el mejoramiento de funciones neurocognitivas; es que se han hecho esfuerzos gubernamentales como la Ley Modelo de Neuroderechos para América Latina y del Caribe, aprobada por el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, en la ciudad de Panamá el 26 de noviembre de 2022,

Sin embargo, dichos esfuerzos deben ir acompañados de acciones efectivas tanto de la comunidad científica, como educativa, y empresarial, para comprometerse con los principios éticos y de seguridad que permitan la consolidación de estrategias dirigidas a fomentar el cuidado del cerebro, así como de proveer de las soluciones y herramientas para llevarlo a cabo; observando y vigilando el cumplimiento de los siguientes neuroderechos:

Derecho a la identidad personal: El derecho a la identidad personal insta a imponer límites que prohíban a las tecnologías alterar el sentido del yo.

Derecho al libre albedrío: El derecho al libre albedrío garantiza que las personas puedan tomar decisiones libremente, con su propia voluntad y sin ser manipuladas por la tecnología.

Derecho a la privacidad mental: El derecho a la privacidad mental pretende evitar que cualquier dato obtenido del análisis y medición de la actividad neuronal sea usado sin consentimiento de la persona.

Derecho al acceso equitativo a la neurocognición: Derecho a que se determinen las pautas y directrices que delimiten y regulen la aplicación de toda tecnología que permitan mejorar la actividad cerebral, al tiempo de garantizar su accesibilidad a todos.

Considerando también que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una cuarta parte de las enfermedades crónico-degenerativas se asocian con condiciones que afectan al cerebro, se requiere de un esfuerzo de concientización que permita el cuidado responsable de este órgano, a través de fomentar el compromiso individual por procurar la auto regulación que garantice, desde lo privado, la operación de los neuroderechos universalmente reconocidos.

Propósito: Contribuir a sentar las bases éticas, apegadas a las leyes sobre la materia, que permitan la democratización del conocimiento del cerebro y el uso transparente y responsable de neuro tecnologías no invasivas en América Latina, a través de la adopción de medidas efectivas de protección de los derechos de privacidad y de libertad de decisión del individuo, al tiempo de garantizar su bienestar e inclusión.

1) Nos comprometemos con la evidencia antes que con la promesa. La información y comunicación, que se genere, siempre debe ser clara, completa y veraz, haciendo una distinción entre lo comprobado, lo probable y lo especulativo. No convertimos hipótesis en acciones de mercadeo. Cuando la evidencia sea limitada, se deberá comunicar de forma explícita y comprensible.

2) Primero las personas, su identidad, autonomía y su contexto. La neurociencia aplicada procurará mejorar la vida del individuo. Los servicios, herramientas y modelos que se ofrezcan velarán por el bienestar del individuo considerando su entorno y realidad; sin sesgos, sin culpabilizar o patologizar lo cotidiano y respetando los derechos humanos. Priorizamos hábitos sostenibles, acompañamiento humano para facilitar la auto regulación de manera independiente bajo un enfoque personalizado.

3) Neurodatos y biometría con derechos, no con atajos. Todo registro neurofisiológico o biométrico que se obtenga se trata como “dato personal sensible”. En este contexto, sólo se recabarán datos que sean estrictamente necesarios, con la autorización previa y expresa del individuo, explicando el propósito específico, la retención limitada y la transparencia, proveyendo de consentimiento informado e informando de las opciones reales para solicitar el cese de su uso.

4) Seguridad, límites de uso y rutas de derivación. Diferenciar los propósitos en torno al bienestar, educación, rendimiento y clínica. No se harán afirmaciones clínicas, y en caso de que existan riesgos o señales de alarma, se proveerá de rutas de derivación a profesionales competentes.

5) Acceso y equidad como criterio de diseño. Democratizar no es masificar sin control, es ampliar acceso con calidad. Se proveerán de soluciones y servicios que están al alcance del público en general, informando claramente sus alcances y limitaciones.

6) Estándares mínimos para promoción y comercialización. Impulsamos un marco de “afirmaciones permitidas” basado en evidencia y un listado de verificación de calidad. Nos oponemos a prácticas engañosas, a la manipulación y a la explotación de la vulnerabilidad.

7) Evaluación e impacto medible. Se garantiza la promoción de protocolos y herramientas que generen entregables, con medición antes y después, indicadores claros, y reporte íntegro de resultados evitando la omisión y opacidad. La transparencia fortalece la confianza.

8) Colaboración abierta y multi actor. Este movimiento no es propiedad de una marca o proveedor. Impulsamos alianzas entre academia, salud, educación, empresa, gobierno y comunidad para acelerar aprendizaje colectivo y adopción responsable.

9) Formación y profesionalización continua. Se fomenta la educación continua; compartiendo información y publicaciones serias; se otorga entrenamiento sobre tópicos específicos, y se provee de certificaciones para facilitadores, docentes, líderes y profesionales, con ética, evidencia y práctica supervisada. Se trabaja en la construcción de vínculos con la academia e instituciones públicas, para identificar vehículos de financiamiento y acceso a becas.

10) Rendición de cuentas Se establece un comité de gobernanza plural y mecanismos de revisión anual del marco y sus guías asociadas.

Declaración final. Se asume la responsabilidad de construir un ecosistema en el que el conocimiento del cerebro sea accesible, útil y honesto, y en el que las neurotecnologías no invasivas se integren con base en criterios normados por evidencia científica, priorizando los derechos y el bienestar humano.